Denuncia penal a Javier Milei por retraso en ley de emergencia
La normativa había recibido el visto bueno de ambas cámaras del Congreso, pero Javier Milei decidió vetarla. Sin embargo, los diputados y senadores insistieron en el proyecto y lograron revertir su veto. Ahora, es responsabilidad del Ejecutivo implementarla y asignar los fondos necesarios para que todo funcione.
Este jueves, el diputado Esteban Paulón y la diputada Mónica Fein presentaron una denuncia en Comodoro Py. Según este escrito, la ley debe publicarse en el Boletín Oficial (BO) y ser promulgada para que se cumpla. El Senado informó al Poder Ejecutivo sobre la insistencia con el proyecto original el 4 de septiembre, y ya han pasado más de diez días hábiles desde entonces. Algunos argumentan que, en situaciones de veto insistido, la promulgación debería haber sido inmediata.
La denuncia también menciona a Milei, Francos, Ibazabal Murphy y González, señalando que tienen la obligación de publicar en el Boletín Oficial la norma, ya que ha pasado por todos los pasos requeridos por nuestra Constitución Nacional. Aunque no se especifique un plazo exacto para la publicación tras una insistencia, se cree que no debería tardar más de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo revise los proyectos.
La semana pasada, Paulón envió una carta documento advirtiendo al Ejecutivo que debía implementar la ley en un plazo improrrogable de 24 horas, o de lo contrario, enfrentarían represalias penales. Esto llevó a que hoy se presente la demanda formal. A pesar de que se estaba trabajando en la reglamentación, todavía no hay nada publicado en el BO.
En cuanto a los plazos para poner en marcha la Emergencia en discapacidad, los denunciantes sostienen que ya se vencieron las etapas de promulgación y publicación. Una vez que se vota con las mayorías requeridas, es responsabilidad del Ejecutivo implementarla sin obstaculizar lo que ha decidido el Congreso.
Además, se mencionan declaraciones de Francos, quien alegó que la ley no se regularizaría debido a la falta de financiamiento. Sin embargo, esta ley responde a una situación de emergencia para las personas con discapacidad y debe ser respetada según diversas convenciones internacionales que el Estado argentino está obligado a cumplir.
Para que se pueda aumentar las tarifas por inflación, es necesario que el jefe de Gabinete firme la compensación del presupuesto destinado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin un aumento en el presupuesto, no se podrán actualizar las prestaciones del plan Incluir Salud, que incluye terapias, transporte y talleres, entre otros. Una vez que se transfiera el dinero, la ANDIS podrá ajustar los valores según la inflación. Según la ley, los precios se actualizarán mensualmente, pudiendo llegar a incrementos de hasta el 80%.
La denuncia contra Milei y sus funcionarios incluye acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, aunque no se descarta que la justicia considere la figura de abandono de persona.